Memoria sobre el lanzamiento y análisis de la encuesta Polimétrica Módulo Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) y despenalización del aborto realizada por Cifras & Conceptos
El 17 de junio de 2021, a través del canal de YouTube de La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres1, se llevó a cabo la presentación de los resultados de la encuesta Polimétrica en el módulo Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE)2 y despenalización del aborto realizada por Cifras & Conceptos3 durante el primer trimestre del año 20214. El evento fue moderado por Laura Castro, coordinadora de La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, y contó con la presencia de tres panelistas: Sandra Borda, Politóloga, Magíster en Relaciones Internacionales y Doctora en Ciencias Políticas; César Caballero, Politólogo, Magíster en Estudios Latinoamericanos y Gerente de Cifras & Conceptos y Ana Cristina González Vélez, Médica, Magíster en Investigación en Salud, Doctora en Bioética, y cofundadora de La Mesa; quienes analizaron los hallazgos de la encuesta y reflexionaron alrededor de las percepciones de los y las colombianas respecto a la despenalización del aborto.
El objetivo de esta memoria es presentar una breve relatoría sobre el evento de lanzamiento y análisis de la mencionada encuesta, a través de la descripción de los principales resultados de la encuesta y los argumentos expuestos por las panelistas en dicho evento.
- A) Principales resultados de la encuesta Polimétrica Módulo Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) y despenalización del aborto:
Dentro de los resultados de la encuesta, se destacan los siguientes: ∙ El 20% de los/as encuestados/as está de acuerdo con que las mujeres que deciden interrumpir voluntariamente su embarazo vayan a la cárcel. Ahora bien, existe mayor acuerdo frente al hecho de que las mujeres vayan a la cárcel por realizarse una IVE en: (i) personas con nivel educativo hasta primaria e ideología de derecha (39%); (ii) personas con nivel educativo hasta secundaria y afinidad religiosa -cristianos no católicos- (31%); (iii) personas con nivel educativo técnico/tecnológico, afinidad religiosa y nivel socioeconómico bajo (22%) y (iv) personas con nivel educativo universitario y edades entre los 36- 45 años y 56-65 años (19%). Por otro lado, se destaca que existe menor acuerdo frente a que las mujeres vayan a la cárcel en personas menores de 36 años y con nivel educativo universitario (8%).
∙ El 32% de las personas encuestadas está en desacuerdo con que la interrupción voluntaria del embarazo debe ser una decisión libre de la mujer. Se resalta que existe mayor acuerdo frente al rechazo de que la IVE sea una decisión libre de las mujeres en: (i) personas con nivel educativo hasta primaria e ideología centro- derecha (52%), (ii) hombres con nivel educativo de secundaria e ideología de derecha (53%), y (iii) personas con estudios técnicos y/o universitarios y afinidad religiosa -cristianos o católicos- (27%). Por otra parte, existe menor rechazo frente a la idea de que la IVE debe ser una
decisión de la mujer en personas con nivel educativo técnico y universitario sin afinidad religiosa (17%).
∙ El 25% de los/as encuestados/as está de acuerdo con que la interrupción voluntaria del embarazo es un delito. Se destaca que el 44% se identificó con un nivel socioeconómico bajo y un nivel educativo hasta primaria, el 39% con un nivel socioeconómico medio, ideología de derecha y con hijos, y el 18% con un nivel socioeconómico alto y edades entre los 36-45 años y 56-65 años. Por otro lado, existe menor acuerdo frente a que la IVE es un delito en personas menores de 36 años y con nivel socioeconómico alto (12%).
- B) Argumentos expuestos en el evento de socialización de la encuesta Polimétrica:
A continuación, se describirán los principales argumentos que fueron presentados por las panelistas en el evento de lanzamiento de la encuesta:
1) A mayor nivel socioeconómico y mayor nivel educativo existe una mayor aceptación (i) frente al hecho de que las mujeres que interrumpen voluntariamente sus embarazos NO deben ir a la cárcel y (ii) frente a la idea de que la IVE es una decisión de la mujer.
La encuesta revela que sólo el 20% de las 4867 personas encuestadas están de acuerdo con que las mujeres que aborten vayan a la cárcel. Desagregando estos datos, los resultados por posición ideológica evidencian que, del total de personas que están de acuerdo con la penalización del aborto, el 26% se identifica con la ideología de derecha, el 18% con una posición ideológica de centro y el 23% se reconoce con pensamiento de izquierda. Respecto a los resultados por nivel educativo (primaria, secundaria, técnico/tecnólogo, universitario), se muestra también que, a mayor nivel educativo, menor apoyo a la penalización del aborto. Lo anterior permite concluir que existe un mayor respaldo a que las mujeres vayan a la cárcel por abortar entre las personas con educación hasta el grado de primaria e ideología de derecha que en la encuesta representaron un 39% del 20% de quienes aprueban la penalización del aborto.
En el mismo sentido, los encuestados que están en desacuerdo con que interrumpir voluntariamente el embarazo deba ser una decisión libre de la mujer son personas con educación básica primaria y con ideología de centro derecha (52%); así mismo, existe menor asentimiento sobre esta idea en las personas con educación técnica o universitaria y con afinidad religiosa católica o cristiana (27%). Adicionalmente, la variable de nivel socioeconómico es relevante al analizar el grupo que está a favor de que la IVE sea un delito, pues se evidenció que mientras el 18% de las personas que se encuentran en el nivel socioeconómico alto están a favor de que la IVE sea un delito, el 30% de las personas que están en el nivel socioeconómico bajo están a favor de esta opción.
2) La existencia del delito de aborto en el Código Penal y el accionar de la Fiscalía General de la Nación en la persecución de las mujeres por este delito desconocen completamente el rechazo social de los y las colombianas a la penalización del aborto.
En la encuesta se evidenció que ciudades como Bogotá y Medellín, donde se presentan mayor número de casos de mujeres judicializadas por el delito de aborto5, tienen porcentajes muy altos de desaprobación frente a que las mujeres vayan a la cárcel por interrumpir sus embarazos. Esta situación es paradójica porque pese a que estas dos ciudades rechacen la penalización del aborto, cuentan con altos índices de judicialización de mujeres por la misma razón, mostrando una incompatibilidad entre la ley penal y la opinión pública al respecto.
En otras palabras, los datos obtenidos prueban que el marco legal vigente es contradictorio y desconoce las percepciones de los y las ciudadanas, porque existe un derecho a la IVE y un rechazo a la penalización al aborto, que se contrapone con un tipo penal de aborto. En conclusión, es claro que los y las colombianas no quieren que las mujeres vayan a la cárcel por interrumpir su embarazo, pero sigue abierto el debate respecto a los términos en los que se debe efectuar la despenalización del aborto debido a las discordancias en el marco normativo (es un derecho y al tiempo un delito) que influyen directamente sobre la percepción social.
3) Los resultados de la encuesta Polimétrica exponen los avances en la despenalización social del aborto en Colombia y respaldan el ejercicio de los profesionales de salud que practican los servicios de IVE.
Los hallazgos de la encuesta muestran un avance en la despenalización social y generan un entorno de legitimidad en la conversación del aborto. Además, que este tipo de mediciones se realicen de forma periódica permite analizar cómo se transforma la percepción social respecto al aborto en Colombia, y favorece la identificación de nichos y desigualdades en las edades, los niveles socioeconómicos y educativos. Por ejemplo, gracias a la encuesta de percepción sobre la IVE realizada en el año 2017 por Cifras & Conceptos y La Mesa6, y la comparación con los resultados de la encuesta Polimétrica de este año, se pudo evidenciar un aumento del 20% en la aceptación de la IVE como una decisión libre de las mujeres. Por otro lado, estas mediciones son importantes para los profesionales de la salud que tienen la obligación de garantizar el acceso a la IVE y para las mujeres que desean interrumpir su embarazo, porque respaldan la labor de los(as) médicos(as) que prestan los servicios de IVE basados en su compromiso de conciencia y contribuyen a eliminar la estigmatización social de las mujeres que desean acceder a una IVE.
Igualmente, el modelo de causales que se implementó en Colombia desde hace 15 años es un modelo que ha permitido avanzar en la garantía del derecho a la IVE; sin embargo, es un modelo que deposita en los profesionales de la salud la interpretación y decisión del derecho de las mujeres a acceder a la IVE. Por ejemplo, en los casos de riesgo a la salud de las mujeres son los(as) médicos(as) quienes interpretan por medio de un certificado si las mujeres están inmersas en una de las excepciones, o si están cometiendo un delito. Por esta razón, es que la transformación de la percepción social frente a la despenalización del aborto, permite que más profesionales se animen
a prestar el servicio de la IVE y, también, revela la necesidad de salir del modelo de causales porque conserva el delito de aborto. En definitiva, los hallazgos de la encuesta muestran los avances en la despenalización social y favorecen el ejercicio de los profesionales de salud que practican los servicios de IVE en el país.
4) La penalización del aborto afecta a las mujeres de forma diferencial, de modo que las mujeres criminalizadas por abortar son las que se encuentran en mayores contextos de vulnerabilidad
Las decisiones de carácter punitivo sobre la autonomía reproductiva terminan afectando a las mujeres que tienen menos posibilidades de adquirir métodos anticonceptivos y acceder al aborto legal. Las mujeres que ya están en unas circunstancias difíciles terminan siendo las más afectadas por el sistema punitivo cuando son criminalizadas por abortar.
De tal forma, los hallazgos de la encuesta deben ser un incentivo para reflexionar, en especial, para las mujeres con privilegio socioeconómico que no corren tantos riesgos, o los mismos riesgos en materia de recibir atención en salud y de acceso al aborto, porque tienen más alternativas para afrontar un embarazo no deseado. De igual modo, los resultados de la encuesta exponen que las mujeres más desfavorecidas por la penalización del aborto son aquellas que tienen un nivel socioeconómico bajo y que además son las mismas que están rodeadas de un entorno social que tiende a ser más cuestionador y prohibicionista respecto a la interrupción del embarazo. En últimas, son mujeres que no solo tienen que lidiar con las restricciones socioeconómicas que impone la situación en la que se encuentran, sino que adicionalmente son juzgadas ética y moralmente por su entorno.
5) El rechazo a que las mujeres vayan a la cárcel por interrumpir voluntariamente su embarazo, que evidencian los datos producto de la encuesta Polimétrica, probablemente esté ligado a una transformación en los valores sociales de Colombia y a la desconfianza en el uso del poder punitivo para la solución de problemas sociales por parte del Estado.
El tránsito de la sociedad colombiana a una menor tolerancia frente a que las mujeres paguen cárcel por practicarse la IVE, se puede explicar con los cambios en los roles sociales que ejercen las mujeres en Colombia. En el 2005, el Censo del DANE reveló que 3 de cada 10 mujeres son madre cabeza de familia; esta cifra aumentó en el Censo del 2018 donde 4 de cada 10 mujeres son madre cabeza de familia. Lo anterior, significa que de las 22 millones de mujeres que registraba el Censo del 2018 12.3 millones de mujeres son cabeza de familia en Colombia. Paralelamente, las mujeres colombianas están aumentando la edad a la que tienen sus hijos, su alfabetización está ocurriendo considerablemente más rápido que la de los hombres y se está acelerando su ingreso al mercado laboral. En consecuencia, hay un cambio drástico en el papel social de las mujeres porque ahora tienen más espacios de autonomía que en el pasado y, de la misma forma, están siendo reconocidas en roles de género distintos a los roles tradicionalmente asociados con la familia. Por lo tanto, es probable que el cambio en la percepción social sobre la necesidad de la penalización del aborto tenga que ver con el tránsito a un nuevo esquema de valores asociados a lo femenino que ya no está íntimamente ligado a los valores familiares. En virtud de ello, se puede pensar en la decisión de tener o no tener hijos como una decisión más compleja que
trasciende la discusión moral de los valores familiares que anteriormente estaban ligados intrínsecamente a las mujeres.
Por otro lado, se puede suponer también que el desacuerdo con el encarcelamiento de las mujeres que interrumpen su embarazo sea resultado del rechazo o la desconfianza al uso del poder punitivo por parte del Estado. El Observatorio para la Democracia de la Universidad de los Andes en el 2004 manifestó que en Colombia un 73.8% de la población apoyaba la democracia y un 57% de los habitantes estaba satisfechos con lo que hacían las instituciones democráticas; no obstante, para el 2020 la satisfacción de la sociedad colombiana con la labor de las instituciones democráticas cayó al 18%. El sistema de justicia ha sido una de las instituciones que más ha sufrido la insatisfacción social. De tal forma, los resultados de la encuesta Polimétrica pueden estar relacionados con que la gente ya no entiende y no confía en el uso del sistema penal para solucionar problemas sociales, particularmente, no comprende el por qué se utiliza el derecho penal- que debería funcionar como último recurso- para regular el aborto.
6) Los hallazgos de la encuesta Polimétrica refuerzan la relación que existe entre la pretensión de Causa Justa de eliminar el delito de aborto del Código Penal con el deseo de construir una democracia en la que las mujeres sean tratadas como ciudadanas plenas.
Los debates alrededor de la despenalización del aborto son entendidos como debates de interés de las mujeres, pero lo que el movimiento Causa Justa se propone argumentar es que el debate al aborto es una discusión ligada a la consolidación de una democracia más inclusiva, una democracia en la que las mujeres sean tratadas como ciudadanas plenas. Esta ciudadanía plena de las mujeres, entre muchas otras cosas, pasa por reconocerlas como iguales en la sociedad y ser sujetos libres. Esta libertad en las mujeres está intrínsecamente ligada con la autonomía reproductiva y la decisión sobre el proyecto de vida. Por esta razón, si las mujeres no pueden tomar decisiones sobre sus cuerpos y su reproducción no son sujetos verdaderamente libres y por ende ciudadanas plenas.
Los resultados de la encuesta empiezan a apuntar que el escenario donde el aborto deje de ser un delito es un escenario en el que las mujeres serían consideradas ciudadanas plenas en sentido más amplio, porque podrían decidir sobre sus cuerpos. Además, porque la idea de la libertad se basa en la capacidad moral de los sujetos, y estas normas restrictivas del aborto arrastran la concepción de que las mujeres no tienen capacidad moral para tomar decisiones y por eso tienen que consultar con el juez, el médico y otros terceros.
1 Video de la sesión https://www.youtube.com/watch?v=-AVA_0wdV3I
2 En adelante, este documento se referirá a la Interrupción Voluntaria del Embarazo con las siglas IVE. 3 Cifras & Conceptos es una empresa de investigación que genera y analiza información con incidencia en la agenda pública. Para conocer más: https://cifrasyconceptos.com/
4Esta es una encuesta representativa. A continuación el link a la ficha técnica:
https://despenalizaciondelaborto.org.co/wp-content/uploads/2021/06/Modulo-Mesa-por-la-vida 17.06.2021-converted-min.pdf
5 De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, entre 1998 y 2018, en Bogotá se reportaron 1,008 casos y en Medellín 133 casos de mujeres criminalizadas por aborto, ubicándose estas dos ciudades entre los lugares donde se presentan mayores casos de mujeres judicializadas por este delito en el país. Esta información se toma de un informe denominado, “La Criminalización del aborto en Colombia”, elaborador por La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres y que se encuentra actualmente en proceso de publicación.
6La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres y Cifras &Conceptos. (2017) “Encuesta de percepción sobre la interrupción voluntaria del embarazo Colombia – 2017.” Disponible en: https://ngx249.inmotionhosting.com/~despen5/wp-content/uploads/2019/02/15.- Encuesta_de_percepcion.pdf
*Documento elaborado por La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres.
